La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizaron el panel de discusión titulado “El Nuevo Código Penal Dominicano: desafíos y oportunidades para la transformación del sistema”. El evento, organizado por  Gustavo A. de los Santos Coll, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tuvo lugar en el Salón Octagonal de la biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas, de la UCSD.

La actividad tuvo como propósito analizar las implicaciones del nuevo Código Penal (Ley 74-25), un esfuerzo significativo por modernizar el sistema penal del país después de más de 140 años. El nuevo marco legal había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 31 de julio de 2025, acogido por el Senado el 1 de agosto, y finalmente promulgado por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025. Aunque su aplicación está prevista para agosto de 2026, el código ya había generado un intenso debate en la esfera pública y académica.

El panel contó con la participación de destacados juristas y académicos, y fue moderado por el Magistrado Amauri M. Martínez Abreu.

Durante el evento, varios expertos clave analizaron en profundidad el nuevo Código Penal. El Licdo. Miguel Valerio discutió los logros y la forma en que el código podría modernizar el sistema de justicia, prestando especial atención al impacto del aumento de las penas. Por su parte, el Magistrado Rafael Báez detalló las principales novedades, como la tipificación de nuevos delitos (ciberdelitos, feminicidio) y analizó la preparación del sistema judicial para su implementación.

Los desafíos y oportunidades también fueron temas centrales. El Licdo. Gustavo de los Santos Coll se enfocó en los retos del nuevo código, incluyendo la capacitación del personal y la adaptación del sistema penitenciario. Finalmente, la Licda. Mirna Ortiz exploró las oportunidades que ofrece la nueva legislación para la modernización del derecho penal, la protección de grupos vulnerables y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.

La actividad se convirtió en un espacio para el análisis crítico, el diálogo constructivo y la formulación de propuestas que contribuirán a una implementación exitosa del nuevo Código Penal, garantizando una justicia más equitativa, moderna y respetuosa de los derechos humanos.